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HISTÓRICO LEGISLATURA//OCTUBRE 2016//LAS PISCINAS DE MADRIDEJOS VUELVEN A SER GESTIONADAS POR EL AYUNTAMIENTO





RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS Y SU LIQUIDACIÓN

I.-PROPUESTA DEL PSOE A LA CORPORACIÓN
Con fecha 10 de mayo de 2012, la concesionaria, Gestión Deportiva Madridejos S.L., otorgó con este Ayuntamiento contrato administrativo de gestión del servicio público de las piscinas municipales, por una duración de 12 años prorrogables, con efectos desde el 1 de junio de 2012 hasta el 31 de mayo de 2024, estableciéndose una retribución favorable a esta concesionaria consistente en los precios públicos que recaudase por la utilización de las piscinas, más un canon anual neto con cargo a la Administración de 60.000 €, más el IVA aplicable en cada momento, que en la fecha del contrato ascendía al 18% (10.800 €). Por su parte concesionaria asumía una mejora en las instalaciones por importe de 369.000 euros. 

Con fecha 26 de agosto de 2016, tuvo entrada en la Corporación escrito de la concesionaria Gestión Deportiva Madridejos S.L. en el que se interesaba que, a la vista de la imposibilidad de modificar el contrato a tenor de la respuesta dada por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, se procediese a la apertura del correspondiente expediente para la resolución del contrato por mutuo acuerdo de ambas partes. 

Procedía la resolución de mutuo acuerdo del contrato y la indemnización a la contratista del precio actualizado de las obras e instalaciones que, ejecutadas por ésta, habían de revertir a favor de la Administración. 

Procedía aplicar a esta indemnización las compensaciones y descuentos derivados de los créditos y deudas que hubiesen de ser asumidas por la Administración, en los términos de este informe, abonando el remanente indemnizatorio debido a la contratista una vez operadas estas deducciones. 

La fianza de 10.000 € constituida por la contratista habría de quedar afecta al resultado de las operaciones de liquidación del contrato y en garantía de eventuales responsabilidades y de la inexistencia de vicios o defectos en las obras, instalaciones y bienes objeto de reversión, por término de un año, en cuyo momento y en su caso se procedería a su devolución a la contratista. 

Procedía la inclusión de cláusulas de renuncia de la contratista a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios por cualquier concepto derivado de la extinción contractual. 

Así se acordó entre la concesionaria, Gestión Deportiva Madridejos S.L. y el equipo de Gobierno del PSOE la resolución del contrato de mutuo acuerdo y los efectos que se derivaran del mismo.

Esta resolución llevaba como consecuencia el abono y aplicación de la indemnización, y la subrogación de los trabajadores de la concesionaria. 

De aprobarse la resolución del contrato el último día de vigencia del contrato sería el 31 de octubre de 2016 y no el 31 de mayo de 2024. 

Con fecha 1 de noviembre de 2016, operaría la reversión de todas las instalaciones que le fueron entregadas a la concesionaria a la firma del contrato según se reflejó en el inventario del contrato administrativo (salvo aquellos elementos que por deterioro, antigüedad o causa justificada no hubiesen podido ser conservados), así como de aquellas obras, instalaciones, equipamientos, bienes y enseres de toda naturaleza que hubiesen sido objeto de ejecución y aportación por la concesionaria en virtud de los compromisos adquiridos en el contrato. 

Se establecía un período de garantía de un año desde la fecha de efectos de la reversión, que cumpliría el 31 de octubre de 2017, al objeto de que el Ayuntamiento pudiera reclamar contra la concesionaria por la eventual aparición, durante este período de desperfectos 

Las partes reconocían que la concesionaria tenía derecho a ser indemnizada por importe total de 256.465,09 €, equivalente al valor actualizado de todas las obras, instalaciones, equipamientos, enseres y bienes de toda naturaleza que, ejecutadas y adquiridos por la concesionaria, debían revertir al Ayuntamiento 

Aplicación de la indemnización 

La suma de 70.597,33 € sería descontada del principal indemnizatorio, por compensación con el crédito que el Ayuntamiento ostentaba con la concesionaria por concepto de gastos de suministro eléctrico. 

El remanente indemnizatorio que restaba después de esta compensación asciendía a 185.867,76 euros. 

La suma indemnizatoria restante de 185.867,76 €, a petición expresa de la concesionaria, sería aplicada a la amortización anticipada de las responsabilidades pendientes en el momento de la resolución concerniente a los contratos de arrendamiento financiero y de préstamo que tenía otorgados con la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 

Del contrato de arrendamiento financiero restaban 37.388,23 € y del contrato de préstamo restaban 84.617,80 €. 

El pago y cancelación anticipada de estos contratos habría de hacerse por cuenta de la concesionaria y con cargo a la indemnización. El plazo previsto para la liquidación de estas obligaciones sería de un mes desde la fecha de efectos de la resolución, que sólo podría ser ampliado por un período igual por causas debidamente justificadas. 

La suma indemnizatoria restante previsiblemente, después de estas deducciones, asciendía a 63.861,73 euros. 

La suma indemnizatoria restante de 63.861,73 €, también a petición expresa de la concesionaria, sería aplicada al pago de las deudas salariales pendientes de pago a quienes han prestado servicios por cuenta ajena para la concesionaria, que ascienden a un total neto de 54.203,90 euros. 

El pago de estas deudas habría de hacerse asimismo por cuenta de la concesionaria y con cargo a la indemnización. 

El pago de las deudas se abonarían siguiendo un orden: primero las deudas de quienes en aquel momento prestaban servicios por cuenta ajena para la concesionaria, después se procedería al abono de las deudas salariales de quienes, habiendo sido trabajadores de la concesionaria, en aquel momento ostentaran la condición de administradores solidarios. 

El plazo previsto para el pago de estas deudas salariales sería de un mes desde la fecha de efectos de la resolución, que sólo podría ser ampliado por un período igual por causas debidamente justificadas. 

La suma indemnizatoria que se preveía se restaría después de estos pagos ascendiendo a 9.657,83 €. 

Esta suma indemnizatoria restante de 9.657,83 € sería abonada directamente a la cuenta de titularidad de la concesionaria. 

El 1 de noviembre de 2016, operararía la sucesión empresarial del Ayuntamiento, que sucedería a la anterior empleadora en la totalidad de los derechos y condiciones prestacionales de las relaciones laborales existentes con anterioridad a la resolución. 

Los trabajadores tendrían la condición de laborales indefinidos (no fijos), al no haber superado ningún proceso selectivo para el acceso a sus puestos de trabajo. 

La concesionaria eximiría al Ayuntamiento del cumplimiento, pago o responsabilidades que se pudieran derivar de las relaciones mantenidas por aquélla con sus proveedores, suministradores, subcontratistas, entidades bancarias, financiadores de otra clase o, en general, cualquier tercero con quien hubiera mantenido una relación obligacional. 

Se autorizaría al Alcalde a realizar el acto de liquidación, en colaboración con la Intervención, a quien la concesionaria se compromete a rendir cuentas de cuantos ingresos y actos de disposición o gasto se hayan realizado o pretendan realizarse desde el inicio del expediente de resolución hasta el término de la concesión.

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