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HISTÓRICO LEGISLATURA//NOVIEMBRE DE 2016// EL PP VE ILEGALIDAD EN LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES



EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PRESENTÓ UNA MOCIÓN QUE EXPLICABA LAS CAUSAS DE ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS 

Los populares ante la presunta ilegalidad instaron al pleno para que se solicitase un dictamen facultativo que se pronunciase sobre la legalidad del expediente 

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Madridejos presentó para su aprobación, en el pleno siguiente al del 29 de noviembre, una moción donde indicaba que la resolución del contrato de gestión de servicios públicos de las piscinas municipales de Madridejos con la empresa concesionaria era ilegal por distintos motivos, y ante tales circunstancias se debía solicitar un dictamen facultativo que se pronunciase sobre la legalidad del expediente. 

Según los populares “sin duda es un grave perjuicio para el Ayuntamiento de Madridejos la resolución del contrato administrativo de gestión del servicio público de las piscinas municipales de Madridejos”. 

“Cabe destacar como antecedentes relevantes del asunto que el Equipo de Gobierno socialista de Madridejos, decidió, unilateralmente y sin consenso alguno, tramitar la aprobación de una subida del canon concesional para paliar las pérdidas que presuntamente tiene el empresario concesionario, que si no es por la gestión del Grupo Popular del Ayuntamiento se hubiera confirmado dicho acuerdo ilegal, pues como consta en el Expediente, el Ayuntamiento, por medio de informes técnicos inviables, pretendía otorgarles una subida a su favor del precio que el Ayuntamiento les paga por el contrato de mantenimiento, que superaba los límites legales”. 

Ante las irregularidades detectadas por el Grupo Popular se acordó, en el seno de los trámites internos, paralizar el Expediente y solicitar un Informe Jurídico al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, como máximo órgano de revisión de extinciones de contratos administrativos, el cual, con fecha de entrada en el Ayuntamiento el día 10 de agosto, donde concluía el Presidente del citado Consejo que la referida subida de dinero que pretendía hacer el Ayuntamiento estaba prohibida por Ley. 

Que “la elevación del precio total del contrato de 275.848,10 euros a 372.648,10 euros, representaría un incremento porcentual del mismo del 35,09%, superior por tanto al límite del 10%, por lo que se deduce la ilegalidad de la propuesta pretendida que, según las propias cifras del Informe del Consejo, ascendería a casi cien mil euros”. 

Las contundentes evidencias del citado informe del Consejo Consultivo de CLM puso al equipo de Gobierno en la obligación de revocar su intención, por lo que en la referida Comisión de Cuentas se propuso el “ACUERDO FINALlZADOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS”. 

Sin embargo, para sorpresa del Grupo Municipal Popular en esa misma Comisión, y por el interés de perpetrar su intención de solucionar su problema al concesionario “a costa del interés de los vecinos de Madridejos” luego se consumó en el Pleno de fecha 20 de octubre de 2016, la “RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS”, en la modalidad de RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO”, la cual está también expresamente prohibida por Ley, para este caso concreto, ya que “la resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato”. 

Y siendo el caso de la concesión del Servicio Público de las piscinas Municipales de Madridejos, se trata de un caso de incumplimiento de la empresa concesionaria, toda vez que, como con concesionaria tiene deudas salariales pendientes de pago derivadas de las que ha mantenido durante el período concesional por importe total neto de 54.196,88 euros, pago de las nóminas de los trabajadores, así como, también consta acreditado en el expediente administrativo que, a fecha de 31 de octubre de 2016, la concesionaria adeudará a la Corporación la cantidad de 70.597,33 concepto de gastos de suministro eléctrico devengados con anterioridad, lo que sitúa a la empresa concesionaria en situación de deudora del Ayuntamiento y, por consiguiente, en el incumplimiento de sus obligaciones. 

Por otro lado, mediante el Acuerdo de resolución del contrato que se formalizaría entre la empresa y el Ayuntamiento, este último se hizo cargo incluso de los préstamos bancarios pendientes de amortización, lo cual, es según los populares "es de muy dudosa legalidad". Del mismo modo, que la subrogación de los trabajadores de la empresa, que pasan a formar parte de la plantilla municipal. Todo ello, a fin de que el empresario no pierda ni un solo euro por la concesión administrativa de la que fue adjudicatario, eliminando así la principal característica de este tipo de contratos de gestión de servicios públicos, que es la asunción del riesgo y ventura por parte del adjudicatario de la concesión. 

“Además, como se ha mencionado, la resolución de muto acuerdo contiene expresamente la siguiente previsión”, dicen los populares. 

“Las partes reconocen que la concesionaria tiene derecho a ser indemnizada por importe total de 256.465,09 €, equivalente al valor actualizado de todas las obras, instalaciones, equipos y enseres de toda naturaleza que, ejecutadas y adquiridos por la concesionaria, han de revertir al Ayuntamiento, conforme al informe de intervención de 4 de octubre de 2016”. 

Sin embargo, por su parte, el Pliego sobre “Derechos y Obligaciones del Concesionario” regula que “las obras que tengan carácter permanente, ya sean de inversión o de conservación, quedarán en beneficio del Ayuntamiento, al cual revertirán al tiempo de la extinción o resolución del contrato, sin obtener indemnización alguna. 

“Pues bien, esto ya no es una cuestión de incumplimiento, ni siquiera del modo o vía de resolver el contrato, -decían los populares- sino que suponía el quebrantamiento, por parte del Ayuntamiento, de la norma legal que había de regir la concesión y la resolución, ya que, está expresamente prohibido que el Ayuntamiento abone esas obras y fije el importe indemnizatorio que ha fijado. Todo lo que abunda en la consideración antedicha de que el Ayuntamiento de Madridejos pretende resolver el contrato de forma beneficiosa para el concesionario y no bajo las estipulaciones de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Pliego de la concesión, así como del interés público y en concreto el de las arcas municipales del Ayuntamiento”. 

“Expuestos todos estos antecedentes y visto que dicho Expediente ya ha sido objeto de revisión por parte del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha con el resultado que ya se expuso también, procedería sin ningún lugar a dudas, volver a solicitar un Dictamen facultativo de dicho órgano para que se pronuncie sobre la legalidad del modo de terminación del Expediente y, en su caso, qué acciones procedería revisar y cómo llevarlas a cabo, por si el planteamiento anteriormente expuesto tuviese a juicio de este Órgano experto suficiente razón”, plantearon los populares. 

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